UGT, ELA y LAB convocan cuatro días de huelga en el sector de Gestión Deportiva para desbloquear las negociaciones del convenio colectivo

La huelga, que se desarrollará los días 21,22, 23 y 24 de junio, se ha convocado tras dos años y medio sin convenio colectivo, con una propuesta empresarial totalmente insuficiente e inasumible para los sindicatos.

Los sindicatos UGT, ELA y LAB han convocado cuatro días de huelga en el sector de empresas de Gestión Deportiva ante la cerrazón de la representación empresarial, que está bloqueando las negociaciones del convenio colectivo. La huelga, que se desarrollará los días 21,22, 23 y 24 de junio, se ha convocado tras dos años y medio sin convenio colectivo, con una propuesta empresarial totalmente insuficiente e inasumible para los sindicatos y sin que la patronal muestre la más mínima voluntad de modificarla, según denuncia la representación social.

Los sindicatos recuerdan que la pasada primavera fueron necesarios otros cuatro días de huelga para forzar a la patronal a sentarse en la mesa negociadora, sin que desde entonces se haya logrado ningún avance.

UGT, ELA y LAB afirman que es el falso el argumento esgrimido por la patronal de que el sector y las empresas están atravesando un mal momento y no pueden asumir las reivindicaciones sindicales y señalan que “mientras nuestros salarios llevan prácticamente congelados desde 2012, las principales empresas del sector han acumulado beneficios de en torno a los 3,5 millones de euros (más de 800.000 euros en 2016). Y no sólo eso, sino que los accionistas de las empresas se han embolsado dividendos que superan los 4 millones de euros en ese periodo”.

Por otro lado, los sindicatos aseguran que “muchos de los ayuntamientos, por la situación de los contratos, tendrían que asumir desde el primer minuto las mejoras que se pactasen en el convenio en algunos casos, como Berrioplano, Valle de Egüés, Spa Itaroa de Huarte, o al menos parcialmente, como Zizur Mayor, Huarte…”.

Finalmente, afirman que “la Ley de Contratos Públicos de Navarra obliga a tener en cuenta los coste de los trabajadores y trabajadoras a la hora de fijar el precio de los servicios a contratar, por lo que en todo caso, a la hora de una nueva licitación, todas las empresas podrán finalmente repercutir ese precio del convenio y que sean las Administraciones quienes lo acaben asumiendo”.